Además, la fundación pidió las cifras de cumplimiento del fallo Atala que, hasta 2017, solo llegaba al 1,3% de los funcionarios del Poder Judicial.
Este jueves el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, junto con el director jurídico de la institución, Jorge Lucero, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para solicitar las cifras del cumplimiento del fallo Atala y las sentencias alcanzadas a través de la Ley Antidiscriminación, que en julio cumple siete años desde su entrada en vigencia, ante lo cual el máximo representante del Poder Judicial se mostró dispuesto a colaborar.
Además la organización organización ofreció su apoyo y colaboración para el desarrollo de la Política de Género y no Discriminación del Poder Judicial.
En cuanto a la primera Pi explicó que son necesarias para conocer los avances que el Poder Judicial ha tenido en la capacitación de jueces y juezas en materias relacionadas con diversidad sexual y de género, además de Derechos Humanos en general, como garantía de no repetición de actos de discriminación arbitraria por estas temáticas.
Respecto de la segunda, la información respecto de su funcionamiento, tipo de denuncias por las que las personas acceden a ella —considerando que protege más de una decena de categorías sospechosas de discriminación, como son la orientación sexual, la identidad y expresión de género, como también la religión o nacionalidad de la víctima, por nombrar algunas— y la manera en que los tribunales han fallado.
Esto último es fundamental, ya que el Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, se ha comprometido a perfeccionar la normativa.
Pi destacó la buena disposición de Brito ante la solicitud de Fundación Iguales, “tuvimos una muy buena recepción por parte del Presidente de la Corte Suprema, el que nos mostró su mejor disposición para poder acceder a los datos que nos permitan analizar cómo la judicatura contribuye a la sociedad más justa y respetuosa que queremos para Chile”. Además agregó que “nos pusimos a disposición del Poder Judicial para prestar todo el apoyo que requieran en la implementación de su Política de Género y No Discriminación, así como también para el cumplimiento del fallo Atala”.