Como positiva calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, la invitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Katherine Martorell, a conocer con más detalle procesos y estándares de resguardo y tratamiento de datos personales con los que opera el Sistema de Televigilancia Móvil, el que mantiene su centro de operaciones en la Intendencia de Santiago.
Una iniciativa que derivó del envío de un oficio al organismo público por parte del CPLT –el 27 de marzo pasado-, solicitando mayores antecedentes vinculados a los estándares con los cuales se manejan y protegen los datos personales recogidos en el marco de la operación de este plan.
“Queremos valorar que la Subsecretaría durante el trabajo para contestar este oficio nos haya invitado a conocer de primera mano personalmente el sistema que están desarrollando”, dijo el titular del CPLT.
El representante del Consejo destacó también una serie de medidas que constató han sido implementadas por la Subsecretaría. Para la autoridad garante de la normativa de protección de datos personales en los organismos públicos, esto “demuestra una voluntad en términos de cumplir con la protección a los datos personales, un derecho que hoy día está reconocido en la Constitución”.
Sin embargo, aclaró que se requiere esperar la respuesta al oficial al documento remitido sobre la materia a la Subsecretaría: “Tenemos que esperar la respuesta al resto del oficio, son catorce preguntas bien específicas, para poder tener una evaluación completa de si se están cumpliendo con los estándares de protección de datos o no”.
Tras la visita, la subsecretaria Martorell comentó que esta invitación se cursó con el fin de mostrar que se están cumpliendo con una serie de resguardos en materia de privacidad. “Invitamos al presidente del Consejo para la Transparencia a conocer cómo nosotros estamos administrando los datos”. Detalló que se cumple con lo establecido por fallos de la Corte Suprema y también del CPLT. “Por eso para nosotros era de vital importancia que ellos, en su calidad fiscalizadora pudieran conocer cómo se cumplen estos estándares”, enfatizó la subsecretaria.
En la ocasión se descartó que esta iniciativa esté implementando un sistema de reconocimiento facial, una tecnología cuyo uso ha generado polémica en el caso de algunos municipios y en recintos privados como centros comerciales de la capital.
Drago comentó que el Consejo ha impulsado una serie de acciones de fiscalización a sistemas de televigilancia dependientes de entidades públicas que recolectan imágenes en la vía pública como en los casos de los municipios de Las Condes y La Florida. Indicó respecto del primero, que “Las condes en su momento se negó a ser auditado en ese aspecto y hay un tema pendiente con el municipio”.
“Los órganos del Estado tienen serias responsabilidades con todos los ciudadanos, chilenos y chilenas, en materia de proteger su privacidad. Las acciones en materia de seguridad ciudadana, registrado del orden público pueden desarrollarse bajo ciertas reglas y principios que respeten la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Esto no es un derecho perdido en una ley del año 1999, es un derecho que se reconoció en la Constitución desde agosto del año pasado expresamente, por lo tanto tiene el más alto estándar legal que puede tener un derecho en nuestra legislación”, finalizó Drago.
Fiscalización en Quintero
El presidente del Consejo informó que un equipo del Consejo realizará una fiscalización en el Municipio de Quintero, a raíz del caso de filtración de imágenes de una persona grabada en un espacio público con cámaras municipales.
Al respecto explicó que el fin de esta acción persigue “ver el cumplimiento de los estándares en protección de datos, queremos ver si a la empresa o al concesionario que se le entregó al responsabilidad de recoger estas imágenes se les obligó a cumplir con estándares de protección de datos o no, y en esa medida ver si se está cumpliendo con la regulación existente”.
